Las formas machistas ejercidas desde el poder político.

Un caso como la reciente noticia de una supuesta red de prostitución y trata de mujeres que presuntamente habría dirigido Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre desde las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, desde luego es un escándalo de impacto mediático en los medios de comunicación por las implicaciones políticas que tiene pero también tiene otras aristas, como lo son la perspectiva jurídica y las consecuencias sociales en materia de equidad de género y derechos humanos de la mujer.

 

Por lo que hace a la cuestión netamente política, se dice que esta situación le convino al PRI, para desprestigiar al llamado ‘Rey de la Basura’, dado que no goza de la venia y simpatías de las cúpulas priistas del más alto nivel.

 

Ahora bien, lo sucedido sin duda también conlleva una serie de acciones indebidas tipificadas en la ley, como lo son la trata de blancas, violencia contra la mujer, corrupción, abuso de poder, desvío de recursos públicos e impunidad, conductas que desde luego deben ser denunciadas y castigadas por las Autoridades correspondientes.

 

Pero a la par de las implicaciones políticas y jurídicas, este acontecimiento sin duda, también tiene su repercusión social en materia de equidad de género y derechos humanos de las mujeres, cuestión de la que poco se ha hablado, como generalmente ocurre con las noticias relacionadas a estos temas. Lo sucedido, además de ser un escándalo político y una serie de conductas delictivas, pone en evidencia las formas machistas que se ejercen desde el poder político, considerando a la mujer como mera mercancía a la que pueden comprar y utilizar los patriarcas (líderes) de un partido político.

 

Me parece que la sociedad en conjunto, particularmente las mujeres y específicamente las mujeres que se asuman libre y conscientemente como simpatizantes o afiliadas a dicho partido político, deberíamos indignarnos, plantearnos y reflexionar respecto de la posición de moneda de cambio que juega el papel femenino en estas cúpulas, lo cual no es nuevo ni privativo de este ámbito, pero no por ello quiere decir que sea lo normal y aceptable; sobretodo en un país con una reciente reforma constitucional en la que, en teoría, se privilegian los derechos humanos, siendo la equidad de género desde luego uno de ellos, consagrado en el artículo 4° constitucional.

 

Y es que este incidente da pauta para revisar si efectivamente se está llevando a cabo el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en las instituciones de gobierno, que garantice una verdadera igualdad de oportunidades entre los géneros porque que no basta con que en las dependencias y órganos políticos estén trabajando o prestando servicios personas del género femenino, sino que dichos entes lo hagan en condiciones dignas de igualdad y equidad, que no perpetuen los usos y prácticas patriarcales ni vulneren en forma alguna sus derechos, como sin duda ocurrió en este caso.